Documento elaborado por la CEAPA en la reciente reunión de Presidentes de Federaciones, relativo a su valoración del estado actual de desarrollo de la LOE.
http://www.ceapa.es/files/documentos/File00089.pdf
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS LA LOE: VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE SU DESARROLLO
Dos años después del inicio de la aplicación de la LOE y del comienzo del desarrollo de la misma por parte de las diferentes CCAA, nos encontramos con diferentes estadios de progreso en la adaptación en los territorios, en muchos casos habiendo sido mediatizados por el color político dominante en el gobierno correspondiente y sus expectativas respecto a posibles resultados de las últimas elecciones generales.
La mayoría de las Comunidades Autónomas pospusieron el inicio de aplicación de la LOE ante dichas elecciones, a la espera de un posible cambio de Gobierno que consolidara o sustituyera la legislación educativa. Otras, comenzaron su desarrollo autonómico con cierta timidez, también posiblemente mediatizadas por las mismas expectativas.
Sin embargo, el objetivo de tener un marco legislativo educativo estable al margen de los vaivenes políticos parece haberse logrado, ya que todas las comunidades autónomas se encuentran cómodas desarrollando el marco normativo dentro de las amplias competencias adquiridas, con independencia del signo político que tengan sus gobiernos.
A pesar de lo anterior, se han acrecentado las diferencias ya existentes entre las distintas comunidades autónomas con respecto a la concepción de la Educación Pública, y desde CEAPA constatamos que existen dos formas básicas de enfrentarse al desarrollo de la LOE: por un lado, un grupo de CCAA gobernadas bajo un mismo signo político con el criterio de unificar su modelo educativo, y por otro, el resto de las Autonomías que, partiendo de un modelo de mínimos similar, buscan llegar a escenarios educativos finales diferentes.
A día de hoy, podemos comprobar que, en los diferentes territorios, el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación ha supuesto que la lucha de intereses que se desarrollaba en el ámbito estatal se ha trasladado a las distintas comunidades autónomas.
CEAPA, tras analizar la situación educativa a la que se enfrentan las distintas Federaciones y Confederaciones en sus respectivos territorios, observa que las mismas posibilidades de mejora del sistema educativo que puede traer consigo la LOE son, en sí mismas, puertas abiertas para que un desarrollo sesgado nos lleve al punto opuesto que busca la Ley y que plasma en sus fines y objetivos.
Con un plazo de tiempo tan breve como el transcurrido, es pronto para constatar la posible mejora de nuestro sistema educativo en función de la aplicación de la Ley, pero sí aparecen determinadas alarmas que se deben analizar y abordar de forma adecuada.
Así, por ejemplo, y como cuestiones destacadas señalamos:
La falta de refuerzo del papel de la Escuela Pública frente al concepto de Servicio Público de Educación.
La equidad, la inclusión educativa, la no discriminación y la igualdad de oportunidades no están garantizadas en todos los diferentes desarrollos normativos autonómicos.
La participación de la Comunidad Educativa se está viendo, en muchos casos, reducida a su mínima expresión, cuando no eliminada, o, en el mejor de los casos, no fomentada.
El tratamiento que se está dando a la educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos no se ajusta a los planteamientos de la Ley. De hecho, los Planes de Convivencia de los centros y, en su caso, sus Reglamentos Internos, están siendo elaborados, salvo contadas excepciones, sin la participación de los padres y madres y, lo que es aún más grave, sin la del alumnado.
La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios de convivencia que proclaman los fines de la Ley, está siendo reducida a la publicación de decretos que contienen medidas de carácter punitivo y sancionador que no contemplan la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, sino que, reforzando una mal entendida autoridad, está basándose en las expulsiones como casi única medida resolutoria.
La necesaria gratuidad de la enseñanza obligatoria también está en entredicho, ya que el proceso de mercantilización al que estamos asistiendo busca el copago como escenario final, lo que nos dirige a un sistema educativo desvertebrado socialmente y en conflicto con el propio concepto de Escuela Pública.
La necesaria cooperación del Estado con los distintos territorios, para reforzar las competencias básicas de los estudiantes y contribuir al equilibrio territorial en la compensación de desigualdades, está sujeta a convenios o acuerdos que no están garantizados dada la situación política actual, con las complicaciones añadidas que ello supone.
Haciendo un breve repaso a la ordenación de las enseñanzas, destacamos:
En la Educación Infantil de 0 a 3 años, no se ha desarrollado un marco de mínimos generales, lo que está dando lugar a que, en determinadas CCAA, las actuales redes, que únicamente tenían carácter asistencial, se estén convirtiendo en redes educativas sin que la nueva normativa les obligue a adquirir unos estándares mínimos de calidad.
En el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), las Administraciones educativas en lugar de garantizar una oferta suficiente de plazas públicas fomentan el concierto educativo o, al igual que en el primer ciclo, la firma de convenios con entidades privadas que están al margen de las obligaciones vinculadas a la existencia del concierto educativo.
Respecto a la Educación Primaria y secundaria obligatoria, los distintos decretos de currículo y organización fomentan aun más la distancia educativa entre las distintas comunidades, lo que junto al problema que padecen muchas CCAA con ratios elevadas, falta de infraestructuras educativas y exiguos recursos para la atención a la diversidad del alumnado, agravan la situación. La importancia de las tutorías y la orientación escolar sigue siendo una de las asignaturas pendientes que no ha sido resuelta, hasta el momento, adecuadamente por los desarrollos de esta Ley.
Los programas de cualificación profesional inicial (PCPI) están dando lugar a que lo que la ley contemplaba como situación excepcional -su comienzo a los 15 años- se esté generalizando como vía de segregación del alumnado en algunos territorios.
El aumento de conciertos educativos en la etapa de Bachillerato y FP, altamente significativo en algunas comunidades, está poniendo en peligro lo que la Ley consagra respecto al incremento progresivo de oferta de plazas públicas en sus distintas modalidades y vías.
Respecto a la equidad del Sistema Educativo:
La normativa que regula la escolarización en los distintos territorios, y su aplicación, está dando lugar a una discriminación en el acceso y permanencia en el sistema educativo al sector del alumnado con necesidades educativas especiales o específicas. Asimismo, está propiciando que determinado tipo de centros tengan un alumnado que no responde a la pluralidad social existente en su entorno.
Las distintas disposiciones normativas que regulan la admisión del alumnado y la falta de funcionamiento eficaz de las comisiones de escolarización, que en algunos casos incluso se convocan sin la presencia del sector de padres y madres, están propiciando, amparadas en una perversión del concepto de la libertad de elección de centro por parte de los padres, la segregación y una alta concentración de alumnado de origen extranjero o con necesidades educativas específicas sólo en la escuela Pública.
Otras consideraciones:
La regulación que se está desarrollando respecto a la formación inicial y permanente del profesorado no se ajusta a las necesidades actuales y futuras del sistema e, incluso, en algunos territorios se están desmantelando redes formativas ya consolidadas.
La pretensión de dotar de mayor autonomía a los Centros Educativos como medida que favorezca el éxito escolar, puede ser cuestionada cuando se elude el fomento desde los equipos directivos de la participación de la Comunidad educativa y, además, esta autonomía no se vincula a la evaluación completa de las actuaciones llevadas a cabo en virtud de la misma.
La evaluación debe realizarse a todo el sistema educativo, superando el modelo anticuado de evaluación exclusiva del alumnado, estableciendo para ello los mecanismos adecuados, cumpliendo la propia Ley y fomentando la creación de los organismos autonómicos de evaluación. La Inspección educativa, que es responsabilidad y competencia de los poderes públicos, y que debe realizarse sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo para garantizar los derechos y deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no está siendo eficaz, provocando en algunos casos que la falta de su propia acción inspectora se convierta en un mero trámite burocrático más, viéndose necesaria una nueva concepción y configuración del sistema de Inspección.
Los 175 días mínimos que la LOE contempla, no se cumplen en la actualidad en la mayoría de las CCAA, y lo que a nuestro entender es más grave, la no definición del numero total de horas lectivas anuales mínimas que se deben impartir, produce una merma en la calidad educativa y en los tiempos escolares que el calendario escolar debe garantizar.
Los condicionantes legislativos que se derivan de la existencia de los Acuerdos vigentes con las diferentes confesiones religiosas hacen que determinadas cuestiones se vean mermadas en su desarrollo, por lo que CEAPA exige de nuevo que la enseñanza religiosa salga fuera del horario escolar, caminando hacia la deseada laicidad de la educación.
Por todo lo anterior, CEAPA estima necesaria e imprescindible una doble vía de actuación. Por un lado, el Ministerio de Educación debe garantizar el adecuado desarrollo del contenido de la Ley Orgánica de Educación y establecer unos marcos de actuación mínimos en todos los aspectos de la misma que eviten o corrijan las diferencias negativas significativas que se están dando en algunas Comunidades Autónomas. Por el otro, las diferentes Administraciones educativas autonómicas deben desarrollar la Ley respetando los contenidos y los objetivos que ésta persigue, buscando siempre la colaboración entre las diferentes Administraciones para lograr el avance de nuestro sistema educativo y el éxito escolar de todo el alumnado.
CEAPA vuelve a explicitar que, tanto ella misma como las diferentes Federaciones y Confederaciones que la integran, están dispuestas a participar, aún más si cabe, en un diálogo social que se muestra imprescindible para lograr unos objetivos tan ambiciosos como los que persiguen los principios fundamentales en los que está inspirada la LOE: la exigencia de proporcionar una educación de calidad para todo el alumnado en todos los niveles del sistema educativo, la necesidad de que todos los componentes de la Comunidad Educativa colaboren para conseguir este ambicioso objetivo, y que la sociedad en su conjunto sea la responsable última de la calidad del sistema educativo.
Tenerife, Noviembre de 2008
